Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, dijo este jueves que el presidente del país, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, "se rindieron" al aceptar la liberación de todos los "presos políticos" y reformar el sistema electoral.
"Ortega y Murillo se rindieron. En lenguaje confuso aceptan liberar a todos los presos y anular juicios con supervisión de Cruz Roja (Internacional), reformas electorales con supervisión de OEA, restablecer derechos y garantías ciudadanas y justicia con apoyo internacional", argumentó Chamorro, directora de la Fundación Violeta Chamorro, en un tuit.
Los negociadores del Gobierno y de la oposición acordaron el miércoles en presencia del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y del enviado especial de la Secretaría General de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, trabajar una agenda común que será desarrollada con amplitud en la mesa de conversaciones.
La agenda incluye fortalecer la democracia y reformas electorales; reforzar los derechos y garantías ciudadanas y la liberación, dentro de un plazo máximo de 90 días, de todos los presos y detenidos en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del año pasado.
Además, agrega un punto referido al tema de la verdad, justicia y reparación.
Por último, se decidió que, de común acuerdo entre las partes, se pedirá en su momento a la comunidad internacional suspender las sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población.
El Gobierno y la alianza opositora acordaron, además, invitar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) a retomar el trabajo de reformas al sistema electoral de este país.
También invitar a la Cruz Roja Internacional para que sea apoyo a la mesa de negociación para la liberación de todas las personas detenidas.
El número de manifestantes presos alcanza los 802 en Nicaragua, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, que expresó su desacuerdo con el plazo de 90 días y propuso que fueran liberados en un tiempo máximo de 15 días.
El Gobierno mantiene la cifra de manifestantes presos en 340, pero no los reconoce como "presos políticos", sino como "terroristas", "golpistas" o reos "comunes".
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia confirmó el miércoles que retornó a la mesa de negociación debido a la decisión del Gobierno de Ortega de liberar en un plazo máximo de 90 días a los denominados "presos políticos".
Durante la sesión del miércoles el Ejecutivo nicaragüense se comprometió a cumplir ese punto "de conformidad con el ordenamiento jurídico del país".
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
EFE
YS
