Líderes sociales y defensores de derechos humanos hicieron este martes un llamado a las autoridades colombianas para que tomen medidas que garanticen su seguridad, pues en el país esta es una actividad de "alto riesgo" que se ha cobrado la vida de al menos 86 de ellos este año según la ONU.
La voz de alerta la dieron en Cartagena de Indias durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde denunciaron su situación ante el presidente colombiano, Iván Duque; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y representantes de organismos internacionales.
"Todas las políticas públicas tienen que estar articuladas con las leyes de la jurisdicción indígenas, la justicia de las comunidades negras y de todos los grupos étnicos en el país", detalló a Efe María Emérita Ibarbo, defensora de derechos humanos de Tumaco, municipio del suroeste de Colombia.
Cifrras escandalosas
El representante en el país de la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Alberto Brunori, señaló que al menos 86 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2019.
"A muchos de ellos y ellas los conocíamos, supimos de su labor valiente y compartíamos, lo mismo que con ustedes, la lucha por los derechos humanos", afirmó el diplomático.
Brunori señaló que los crímenes ocurren en un contexto de "estigmatización de su labor y de sus reclamos", especialmente en los lugares más apartados del país donde "el ejercicio del derecho a la justicia y a los derechos económicos, sociales y culturales es precario".
Por su parte, el Programa Somos Defensores dijo que entre 2010 y septiembre pasado contabilizó 772 defensores asesinados en todo el país, 374 que sufrieron atentados y 3.579 fueron amenazados.
Preocupación en las regiones
Ibarbo, representante en Tumaco de la Asociación de Mujeres Líderes (Asmul), considera que en Colombia "es difícil que se respeten los derechos, ya que en medio están unos intereses y cuando hay intereses de algunas personas es imposible respetar los derechos humanos".
Su municipio, ubicado en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, es una de las zonas con más conflictos del país, donde disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales intentan establecer su dominio para controlar el tráfico de cocaína, las siembras de coca y la minería ilegal.
"Hay un sentir de todos los liderazgos a nivel nacional y es el de transformar a Colombia, de construir sobre lo construido y no destruir sobre lo construido (...) Para poder lograr el respeto de los derechos humanos es necesario hablar del amor a la vida, al territorio, a nuestras diferencias, respetar la identidad de nuestros pueblos para ponernos de acuerdo", resaltó.
Con ella coincidió Carmen Mendoza, representante legal de una organización de mujeres víctimas del desplazamiento forzado en el norte del país, quien contó a Efe que pese a la firma del acuerdo de paz con las FARC, en noviembre de 2016, se siguen violando los derechos de las comunidades de la región.
"Luego del proceso de paz, en Ovejas, (en el departamento caribeño de Sucre), se ven amenazas todavía, panfletos de paramilitares pero el miedo no nos quita las ganas de seguir luchando por nuestros derechos. Nosotros que ya vivimos la guerra", aseveró.
Derechos de las mujeres, vulnerados
Mendoza señaló que en el Caribe hubo muchas mujeres asesinadas en el conflicto armado, razón por la cual se formaron varias organizaciones "para reconocer que sobrevivimos de la guerra".
No obstante advirtió: "Nos siguen violando los derechos, en el corregimiento en donde vivo la mujer no tiene ninguna fuente de empleo y eso a las mujeres nos está matando. Nosotros cultivamos tabaco pero actualmente el tabaco no tiene mercado".
Ante esta situación, que se replica en varias regiones del país, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, señaló que es imperativo que "la sociedad colombiana reflexione y tome acciones concretas frente a los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a vivir una vida libre de violencias".
"No podemos permitir que nuestra sociedad el lugar más peligroso para la mujer sea su propio hogar, pues el 42 % de los agresores son parejas o personas conocidas de las víctimas", dijo el defensor durante el "Foro Defender los Defensores".
Para la representante de ONU Mujeres en Colombia, Ana Güezmes, es necesario que el país entienda que "no es lo mismo ser una mujer urbana, ni ser una mujer rural o ser una mujer indígena, o ser una mujer desplazada o ser víctima y líder".
Respuesta gubernamental
El presidente colombiano, Iván Duque, aprovechó la jornada para presentar la política pública de protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de DD.HH., con la que busca garantizar la labor de promover los derechos humanos.
Según Duque, para su Gobierno "la protección de derechos humanos es una de las piedras angulares de la propuesta para del desarrollo de Colombia", y por eso resaltó la necesidad de "dignificar la labor del defensor de los derechos humanos, el defensor de los derechos colectivos".
El presidente consideró "triste" y "doloroso" que haya grupos armados organizados "que pretenden acallar las voces de quienes ejercen el liderazgo".
"Muchos de ellos, alimentados por el narcotráfico o la minería criminal, han pretendido amenazar y asesinar líderes, porque sus voces persuasivas son las que quieren evitar que jóvenes y que personas de las comunidades caigan en las garras y en las tenazas del crimen", manifestó.
EFE / MV
