La Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles la creación de una comisión para investigar las eventuales vulneraciones a los derechos humanos por parte de las autoridades y las fuerzas del orden durante las protestas sociales del país.
El periodo a investigar parte el 28 de octubre de 2019, día en el que el presidente del país, Sebastián Piñera, levantó los estados de emergencia que regían desde la madrugada del sábado 19 de octubre y que confiaron la seguridad del país al Ejército para tratar de recomponer el orden público tras el estallido social, que habría comenzado la jornada anterior, el 18 de octubre.
La instancia fue aprobada por 76 votos a favor, 39 en contra y ocho abstenciones y con esta se pretende indagar las actuaciones de los órganos del Estado, especialmente del Ministerio del Interior, y de los cuerpos policiales de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) en la contención de las protestas.
Así, se investigaran aquellas actuaciones que tengan relación con lesiones, abusos de fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual y muertes de civiles; legalidad, proporcionalidad y alcance de las privaciones de libertad a que hubieren sido sometidas las personas.
En el mismo sentido, se busca investigar la proporcionalidad del uso de la fuerza y, en general, todas las acciones u omisiones que hayan tenido como resultado presuntas violaciones a los derechos humanos.
Varios organismos internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Naciones Unidas, han denunciado estos abusos; y entes nacionales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos han interpuesto hasta la fecha cerca de 1.000 acciones judiciales contra las fuerzas del Estado, por tortura y violencia sexual, entre otras, y cinco por homicidio.
Las protestas sociales de Chile por un modelo económico más justo van camino de su tercer mes y además de la multitud de denuncias por violaciones de derechos humanos ha dejado también episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.
Hasta la fecha han fallecido al menos 27 personas en el marco de las protestas, de los que cinco serían presuntamente por culpa de la acción policial en la contención de las movilizaciones.
Aunque las manifestaciones han perdido fuerza, sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a las medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al plebiscito sobre una nueva Constitución. EFE
YS
