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Uruguay. Terminó la audiencia en la que las víctimas de la dictadura declararon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El pasado 16 de junio comenzó una audiencia de dos días ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de las “Muchachas de abril” y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Óscar Tassino, en el marco de la dictadura cívico militar en Uruguay. Por el derecho “a la verdad y la Justicia”. Este fue el pedido de la representante de las víctimas civiles de la dictadura cívico militar de Uruguay en el segundo día de audiencia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que comenzó el miércoles 16 de junio de manera virtual y que concluirá este jueves 17 de junio tras escuchar los alegatos finales de ambas partes y exponer una serie de observaciones orales. La Corte Interamericana de DD.HH. acoge la demanda presentada ante este organismo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que alude a la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal; y que la falta de esclarecimiento implicó una violación al derecho a la integridad personal de los familiares.

Unos hechos ocurridos hace casi 50 años durante la dictadura, periodo en el que, según la CorteIDH, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales. En concreto, la Corte investiga la responsabilidad del Estado uruguayo y las dificultades en el acceso a la justicia por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de tres jóvenes: Diana Maidanik, Laura Raggio Odizzio y Silvia Reyes, conocidas las “Muchachas de abril”. Así como las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Osear Tassino Asteazu, ocurridos el 13 de diciembre de 1974, cuando miembros de las fuerzas conjuntas –que englobaban a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional– allanaron la vivienda del estudiante de medicina González, militante del Partido Comunista y Revolucionario del Uruguay.

En ese momento, tanto él, como su esposa embarazada Elena Zaffaroni Rocco, fueron detenidos y recluidos en una prisión en la que sufrieron torturas y abusos. El miércoles, durante la primera jornada de audiencia, Zaffaroni pudo exponer su caso, junto al fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y el abogado especializado en DD.HH. Pablo Chargoñia. La esposa del militante explicó cómo durante su detención y encarcelamiento fueron sometidos a “torturas, interrogatorios, plantones”, especialmente su marido sufrió graves violencias tanto físicas como psicológicas. “Pido que la Corte no vea el pedido de Justicia solamente en destrabar la imposibilidad de presentar los juicios, aún queda mucho por hacer en eso, pero no alcanza con eso. La Justicia principal está en la exigencia al Estado de que entregue la información de qué hicieron con los desaparecidos y en dónde están”, señaló Zaffaroti en su pedido a las jueces por “Justicia y derecho a la verdad” para saber el paradero del cuerpo de su marido y del resto de desaparecidos.

Durante su intervención, Zaffaroti relató con todo detalle cómo las autoridades de la dictadura cívico militar, respaldada por el entonces presidente Juan María Bordaberry, se llevaron a su esposo. Después de los hechos pudo verlo tras las rejas del cuartel: “Nos ponen juntos, encapuchados, porque le proponen el chantaje de nuestra vida y de nuestro hijo, por su colaboración. Esa fue la última vez que lo vi, en un estado muy deteriorado físicamente, muy acosado por ellos”, contó. La viuda de González pidió al Estado de su país que busque a los desaparecidos de la dictadura “como si buscara a sus hijos, con la misma desesperación que los buscaron sus madres”, señalando que la reparación no pasa solo por una cuestión económica, sino que es la garantía de que algo así no vuelva a suceder: “¿Y qué es lo que no tiene que volver a pasar, si no sabemos lo que pasó?”, apeló la mujer.

Según reiteró esta mañana la representante de las víctimas en su alegato final, han pasado 36 años de la primera denuncia penal y “no hay un solo acusado”, después de 47 años de los sucesos. Una denuncia de la que se hizo también eco el miércoles la primera vicepresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón: “Hasta el momento, ninguna persona ha sido condenada, por lo que estos hechos continúan en una condición de impunidad”.

Con información de:https://www.france24.com/

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