Las sanciones económicas impuestas de forma arbitraria por el imperialismo estadounidense, aunado a los terribles efectos de la pandemia de covid-19 en la salud pública y en la economía ha obligado al Gobierno Nacional a buscar nuevas estrategias para que el sector productivo, tanto privado como estatal, no colapse y siga manteniendo sus operaciones y, en consecuencia, atendiendo las demandas del mercado local.
Para hacer frente al complicado panorama y a los desafíos, la Subcomisión de Innovación, Modernización del Estado y Escalamiento de los Sectores Estratégicos de la Asamblea Nacional (AN) trabaja actualmente en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial, herramienta a través de la cual se busca adecuar el contenido de la actual Ley de Propiedad Industrial, aprobada en 1956 por el extinto Congreso Nacional, a la nueva realidad mundial.
Más de 50 años tiene vigente la ley actual, que fue creada con el fin de proteger los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad.
De acuerdo con lo dado a conocer por voceros de la instancia legislativa, la propuesta de reforma hace énfasis en la necesidad de fortalecer el apoyo por la vía legal a las industrias establecidas en la geografía nacional, así como su respaldo al establecimiento de nuevas empresas con el objeto de sumar esfuerzos a la diversificación de la economía que se requiere actualmente y a futuro.
También han explicado que el espectro de acción de la norma debe ser ampliado y abarcar los ámbitos industriales, tecnológicos y científicos con la creación de patentes para el desarrollo, de cara a enfrentar y poner fin a la dependencia de mercados extranjeros.
Además, se busca democratizar la participación de los emprendimiento e iniciativas particulares en el proceso de reactivación de las industrias locales, aspecto que no está contemplado en la normativa vigente.
Otro de los objetivos del anteproyecto de reforma, es corregir los desequilibrios que existen para el otorgamiento de los permisos correspondientes a firmas comerciales que desean desarrollar sus actividades y combatir varias inconsistencias y dilaciones que se experimentan en los procesos que se han generado en esta materia por falta de un marco jurídico ajustado a las nuevas realidades económicas existente en el ámbito nacional e internacional.
Asimismo, se procura que la legislación abarque una visión estratégica e incluya las investigaciones, innovaciones, denominaciones de origen e identificaciones geográficas como actores de la estructura económica nacional.
Un nuevo ente rector
En la documentación se recomienda la conformación del Instituto Nacional de Servicio de la Propiedad Intelectual, para que sea el ente rector y otorgue las patentes y permisos correspondientes a los emprendedores de acuerdo con la categoría de sus actividades productivas.
Con la instauración de dicha dependencia se garantizaría que el Estado coordine de forma directa las estrategias y planes que permitan atender a los creativos e innovadores, quienes con sus propuestas contribuyan a mejorar las condiciones económicas del país generando productos para la demanda nacional y en un futuro no muy distante más allá de nuestras fronteras.
Se espera que el referido instrumento cree las condiciones necesarias para abrir el comercio en el extranjero que haga posible colocar en el mercado lo fabricado en nuestro territorio, además de conseguir el financiamiento y la inversión extranjera.
Iniciativa Científica
La elaboración del anteproyecto se hizo por iniciativa del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep), que por intermedio de su presidenta, Elba Manrique, entregó un informe detallado con las recomendaciones del caso que permitan dar amplitud al crecimiento científico e industrial del país de cara al futuro.
En el estudio presentado por Intevep participaron también, entre otras organizaciones del acontecer nacional, la Cámara Venezolana de Medicamentos (Caveme) y la Cámara de Industrias Farmaceúticas (Cifar).
La primera semana de mayo, Ricardo Sánchez, presidente del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, junto a sus asesores, consignaron la propuesta ante la directiva del Parlamento, para el desarrollo y actualización de esta importante normativa.
La ley vigente
Artículo 2º.- El Estado otorgará certificados de registro a los propietarios de las marcas, lemas y denominaciones comerciales que se registren; y patentes a los propietarios de los inventos, mejoras, modelos o dibujos industriales y a los introductores de inventos o mejoras.
Artículo 6º.- El Estado no garantiza la exactitud, prioridad, ni utilidad de la invención, descubrimiento, mejora, modelo o dibujo patentados.
Artículo 9º.- Las patentes de invención, de mejora, de modelo o dibujo industriales, se expedirán por cinco o diez años a voluntad del solicitante; y las de introducción solo por cinco años.
Artículo 16.- Cuando una invención o descubrimiento interese al Estado o se considere fundadamente que es de interés público, el Ejecutivo Nacional podrá, por causa quisitos que para la expropiación de bienes establece la Ley de la materia.
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