La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia se avocó al conocimiento del expediente relacionado con cinco militares acusados de planear un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, según sentencia 098 redactada por el magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela.
Como consecuencia del avocamiento, los magistrados anularon una sentencia de la Corte Marcial por carecer de motivación al momento de responder las denuncias interpuestas por los abogados del grupo de acusados relacionada con una “insuficiencia probatoria” presentada desde el Ministerio Público durante el juicio.
“La necesidad de motivar las decisiones judiciales garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el conflicto jurídico”, acuñaron los magistrados.
Los cinco militares procesados en este expediente son los tenientes coroneles Ygbert José Marín Chaparro (1° comando del 312 Grupo de Caballería Motorizada” G/B Juan Pablo Ayala”); Juan Carlos Peña Palmentieri; Deibis Esteban Mota Marrero (1° comandante del 413 Batallón Blindado “G/D Pedro León Torres”) y Víctor Eduardo Soto Méndez (1° comandante del 913 Grupo de Caballería Blindada e Hipomóvil “G/J José Laurencio Silva”).
Estos militares fueron capturados en marzo de 2018 luego que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) les descubriera su pertenencia al denominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo. Tenían planeado difundir un video donde se pronunciaban contra el gobierno de Maduro.
La investigación de la Dgcim arrojó que los militares guardaban vinculación con el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Miguel Rodríguez Torres, actualmente preso por presunta instigación.
El Juzgado Militar 1° de Juicio condenó a los cinco oficiales a cumplir 7 años y seis meses de prisión tras encontrarlos culpables del delito de instigación a la rebelión, según sentencia del 16 de diciembre de 2020.
Pero hace tres semanas la Sala Penal solicitó el expediente para revisarlo de oficio y encontró violaciones al debido proceso y garantías constitucionales. Por ello ordenó que una nueva Corte Marcial revise las denuncias de los militares y emita un pronunciamiento.
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