La abogada penalista Lucrecia Hernández nació en tierras argentinas, pero está radicada en Venezuela desde hace mucho tiempo. Su interés por los derechos humanos le ha llevado a militar en varias organizaciones no gubernamentales (ONG), de esas que pueden luchar por el derecho a ser juzgados como lo manda la ley o las que abogan para un acceso más equitativo a los recursos naturales que Dios le ha regalado a la humanidad.
Al llegar a la sede de Últimas Noticias le damos un recorrido a vuelo de pájaro por la redacción única y de paso le vamos preguntando que traduce la palabra “Sures”, denominación con la cual bautizaron la ONG nacida en 2016 y de la cual Hernández es su directora. “Sures no es una sigla”, contestó en primera instancia. “Es una referencia geográfica. Al sur. Hay muchos sures que es donde está la mayor parte de la población excluida del mundo, la más vulnerable”, explicó.
El sábado, los aliados de Sures estuvieron en los jardines del Palacio Federal Legislativo en una actividad “inusual y extraordinaria”. Allí bautizaron el libro Las medidas coercitivas unilaterales: bombardeo silencioso, una compilación de Cristóbal Cornieles con artículos de Lucrecia Hernández, Daymar Martes y Erick Gutiérrez.
-El bloqueo impuesto a la economía venezolana desde Estados Unidos y otras naciones ¿se ha venido desmontando bajo la administración de Joe Biden o sigue intacto?
-El boqueo formal contra Venezuela empieza desde el 2014 con una ley que dicta el Congreso en el marco de la presidencia de Obama. Es la Ley de Defensa de Derechos Humanos de la Sociedad Civil Venezolana que prohíbe a toda la ciudadanía de Estados Unidos, personas naturales, organizaciones sociales, empresas, comercializar con Venezuela.
-¿Por qué ustedes dicen que allí empezó el bloqueo contra Venezuela?
-Porque se puede rastrear en una ley, en un decreto, en un acto administrativo. Pero ya por ejemplo la relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales centraba el bloqueo desde el año 2005. Ella dice que en ese año Venezuela empieza a entrar en la lista de países violadores de derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos: qué países colaboran en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, trata de personas. Para Estados Unidos Venezuela está en uno de los niveles de los países que menos colaboran en la lucha contra esos flagelos.
-Para ustedes, ¿cómo se materializa el bloque contra Venezuela?
-Para una ONG a veces es difícil rastrear el bloqueo, porque hay un bloqueo informal, unilateral, que no es por leyes, reglamentos, decretos, sino que se puede manifestar en una factura que rechaza una empresa multilateral cuando el Estado venezolano le quiere comprar algo. Eso es una medida coercitiva unilateral que tiene un fin particular. Por eso nosotros decimos que el bloqueo formal empezó en 2014 que coincide con el descenso de los indicadores sociales en Venezuela y el decreto Obama.
-¿Ustedes coinciden con el Gobierno en que el bloqueo persigue el desplazamiento del presidente Nicolás Maduro Moros?
-Obedece a un plan sistemático para cercar, obstaculizar las relaciones de Venezuela con el exterior. ¿Cuál es el objetivo?. No lo decimos nosotros, lo dice la Organización de Naciones Unidades: cambiar la forma de gobierno del país y, hacerse también de los recursos naturales de esa nación, además de lograr un cambio en la población al punto que se desencante con el Gobierno, se agote por esa situación de crisis que empieza a desencadenarse con las medidas.
-¿Esas medidas han logrado ese desencanto con el Gobierno?
-La cotidianidad de las personas ha cambiado radicalmente a partir de la aplicación de las medidas y fundamentalmente a partir del año 2016 que ya se empiezan a sentir. Por ejemplo, por todo el tema del sistema público de transporte, tú tardabas 20 minutos en llevar a tus hijos al colegio, ahorita tardas el doble. Eso ha llevado al agotamiento de la gente, a la desmovilización de la gente.
-¿Esa desmovilización de la gente que usted alude constituye una merma para la democracia?
-Ahorita la gente no está preocupada por la política; está preocupada en el sustento diario, en resolver la cotidianidad. El gobierno ahora es que está mostrando que la crisis que vivimos tiene una relación directa con la aplicación de las medidas unilaterales. Entonces, el común de la ciudadanía no relaciona la situación económica con el bloqueo económico. El Estado debe mostrar esa causa-efecto.
-Hay una demanda contra el bloqueo interpuesta por Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) ¿Ustedes se han adherido a esa acción?
-El Estado venezolano denunció ante la CPI en febrero del año pasado por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en el marco del artículo 7 del Estatuto de la Corte. La demanda solo la puede hacer el Estado, la sociedad civil, como en casi todas las instancias del sistema internacional, no tiene la posibilidad de denunciar. Lo que sí nosotros hemos hecho como organizaciones de derechos humanos es remitir información a la CPI tanto en el marco de Venezuela 1, interpuesta por el denominado Grupo de Lima, como de Venezuela 2, donde el país denuncia el bloqueo.
-¿Qué clase de información han remitido a la CPI?
-Nosotros hemos mandado información de lo analizado en el marco de los hechos de violencia política. Pero hemos remitido más información en la causa de Venezuela 2, porque hemos trabajado intensamente en el impacto del bloqueo en los distintos sectores. Después que la causa avance como lo indicó el fiscal de la CPI, es decir, que salga de la Sala de Cuestiones Preliminares a una fase de investigación, la Corte tiene una figura que se llama ‘Amigos de la Corte’ en donde tú como ONG puedes remitir información.
-Sobre la demanda contra el bloqueo, ¿qué información mandaron a la Corte Penal Internacional?
-Hemos enviado tres escritos: uno con relación al impacto de las medidas en las personas con discapacidad, otro en torno a la población en general y un tercero vinculado con el derecho a la alimentación.
-El informe sobre el impacto de las medidas en las personas con discapacidad ¿qué contiene específicamente ese escrito?
-Nosotros hemos venido analizando por ejemplo el tema del glaucoma que se previene con una gota que tú te pongas en los ojos. Pero con el bloqueo y la falta de medicamentos, esa enfermedad se empezó a agravar. Todo lo que han sido las ayudas técnicas para las personas con discapacidad visual también ha aumentado porque el estado no ha podido importar esos bastones y lentes, entre otros. Esas personas están limitadas hoy día y recluidas en sus hogares. Una persona que le falta un bastón, no puede salir a la calle, por ejemplo.
-Ahora que hablamos de la CPI, su fiscal estuvo recientemente en Venezuela, ¿cómo evalúan esa visita?
-Creemos que esta visita del fiscal de la CPI a Venezuela es bien importante y saludamos que el Gobierno lo haya invitado así como a los funcionarios de mandatos de procedimientos especiales. Hace dos años vino el relator de Naciones Unidas para un Orden Internacional Equitativo, este año vino la relatora para Medidas Coercitivas.
-¿Cuál es el impacto que tienen esas visitas a Venezuela?
-Creo que permitir la apertura para que vengan los órganos del sistema de Naciones Unidades y de la CPI eso es positivo y muestra que el estado tiene voluntad de cumplir y ser responsable ante los compromisos internacionales que adquiere en el marco de la firma de tratados y de pertenencia a esas instancias internacionales.
-El fiscal de la CPI hizo mucho énfasis en que la investigación abierta al país sobre presuntas violaciones a derechos humanos, no era un proceso política. ¿Ustedes que opinan sobre ese planteamiento?
-Nosotros vivimos en una sociedad altamente polarizada; entonces todo lo que trate sobre Venezuela es imposible que no sea político o que no responda a unos intereses políticos. Ahora, la denuncia de presuntas violaciones a derechos humanos la hace el llamado Grupo de Lima, por eso es imposible que ese procedimiento no sea político. ¿Qué es lo que no debería ser político?: el análisis y la investigación que lleve a cabo el fiscal de la CPI y que se desarrolle en un marco de imparcialidad, objetividad y de cumplimiento de todas las normas y del debido proceso del sistema internacional. Así lo creemos.
-¿El memorándum firmado por el Gobierno y la CPI garantiza esos principios?
-Este memorándum que se firma creo que es importante. Recordemos que un memorándum similar en Colombia, pero allí, a diferencia de Venezuela la causa sí se cerró, aunque el Fiscal dijo que en el marco de ese acuerdo va a seguir remitiéndose información. Una cosa medio rara.
-Es decir, dejan la investigación abierta sobre Colombia.
-Dejan abierta la posibilidad de que se pueda volver a abrir. Pero formalmente está cerrado, una causa que tenía ya 14 años en la Corte Penal Internacional.
-¿Y qué implica el paso anunciado por el Fiscal de la CPI respecto a Venezuela?
-En el caso de Venezuela se abre una fase de investigación. Esto no quiere decir que hay una condena o una opinión de que la causa va a avanzar hacia una orientación u otra, pero creo que es importante que haya un acto donde se muestre que el sistema está avanzando.
-Es un avance con algo de lentitud. ¿Ustedes lo perciben así?
-Como defensores de derechos humanos siempre hemos criticado la lentitud del sistema de Naciones Unidades y de la Corte Penal Internacional. Esta causa tiene tres años y en el caso de Colombia tenía 14 años. Si hay una violación a los derechos humanos, las víctimas necesitan reparación y entonces creemos que es importante que los procedimientos avancen, ya sea para un lado o para otro.
-¿La CPI les dio alguna respuesta a los informes enviados por ustedes?
-No. Simplemente de que serán analizados, evaluados. Pero allí lo fundamental es lo que mandan las partes. Nos contestaron diciéndonos que una vez que la causa tenga un acto de apertura como este, nos pueden tomar en cuenta bajo esa figura de ‘Amigos de la Corte’.
-Abordemos el tema del conflicto fronterizo que se desató este año en Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos irregulares. Ustedes como ONG emitieron un comunicado. ¿Cuál es el balance?
-Fundamentalmente lo que solicitamos es que se protejan los derechos humanos de las personas que existen en condición de movilidad humana. Hicimos hincapié en que las informaciones que se estaban emitiendo no eran verdad, porque en esa población de La Victoria (Apure), ubicada en la frontera, hay una cantidad de habitantes que era menor al número de desplazados.
-¿A qué atribuyen esa incongruencia a la hora de informar esas cifras?
-Allí hubo una tergiversación, una politización del tema de los flujos migratorios: se hablaba de 5 mil venezolanos desplazados hacia Arauquita, Colombia, a causa de la violencia, cuando en La Victoria (Apure) no reside esa cantidad de personas. Pedimos la no politización de los migrantes venezolanos y resguardar sus vidas.
-¿Cómo describen esa frontera?
-Es una frontera compleja, donde hay presencia formal del Ejército venezolano, del colombiano, pero también hay una presencia que no la vamos a negar, de grupos irregulares que han venido trabajando con el tema del narcotráfico y lamentablemente todo ese conflicto colombiano repercute en nuestras fronteras. Toda la cantidad de dinero que se mueve en esa frontera va a repercutir también en las economías y en la formación de grupos que se lucran con el sufrimiento de los pueblos.
-Parece que el pico de ese conflicto cesó. ¿Qué saben ustedes de eso?
-Creo que como tú dices, el pico del conflicto cesó, pero ese es un conflicto que está permanente. En la medida que las relaciones entre Venezuela y Colombia sigan estando en una situación complicada, ese conflicto va a seguir. Esperemos que con esta apertura de la frontera y con ese pronunciamiento del senado colombiano de crear una comisión para trabajar el tema de los flujos migratorios, eso pueda bajar el nivel del conflicto. A eso apostamos.
-Hay otra variante de la situación fronteriza y es la migración diaria que se observa por ejemplo en los puentes internacionales del Táchira Simón Bolívar y Santander.
-Nosotros hicimos una visita de campo pero muy corta, exploratoria, monitoreo, de revisar si se estaba restableciendo efectivamente el paso fronterizo. Pero tenemos un informe donde dejamos sentado las dinámicas que hemos podido determinar como la migración pendular: gente que sale a comprar, a trabajar, a mandar sus hijos a la escuela de un lado y de otro.
-Pero esa migración la presentan como definitiva, es decir, que salen para establecerse por tiempo prolongado en otro país.
-Ese tipo de migración no podemos contabilizarla dentro del número de migrantes que salen, porque la misma Naciones Unidas ha determinado cuándo una persona puede ser considerada migrante y la migración pendular no debe tenerse en cuenta en el marco de los números que sacan sobre los flujos migratorios venezolanos.
-¿Cuáles son las cifras de uno y otro grupo sobre los migrantes?
-Dentro del sistema de Naciones Unidas hay distintas cifras. En el año 2019 la Organización Internacional de Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) se unieron y crearon una plataforma para dar los datos en conjunto y siempre ha habido una confusión a la hora de mostrar datos, porque no podemos equiparar a un migrante con un refugiado.
-¿Cuál es la verdad entonces?
-El número de refugiados venezolanos es ínfimo en comparación con el número de migrantes. La plataforma de Naciones Unidas dice que los migrantes venezolanos son 5 millones 200; pero después dicen que de esos son 150 mil venezolanos migrantes en el mundo. La División de Poblaciones da la cifra de 2 millones 500 migrantes. L
Al detal
- ”Un migrante es aquella persona que sale del país con la intensión de establecerse en otro por más de un año. El refugiado es aquella persona que sale huyendo por una situación de persecución y no puede retornar a su país porque está en riesgo su vida”.
- “Del análisis que hemos estado haciendo, ubicamos la cifra en 2 millones 600 mil personas fuera de Venezuela. Antes del bloqueo eran 650 mil personas hasta el 2017, cifra dada por la Organización Internacional de Migraciones. A partir del 2017 empieza esa cifra a subir a 1 millón 600 en 2019, 3 millones 600 en el año 2020 y después se dispararon”.
- “Nosotros empezamos a observar desde el 2019 un proceso de retorno, no masivo, de la población venezolana al país; porque las condiciones de vida en los países de destino no eran muy buenas”.
- “Creemos que ha habido un avance con el tema del mejoramiento de la infraestructura física de los centros de reclusión del país. El problema se presenta en los centros de detención preventiva policial que no tienen las condiciones mínimas para albergar detenidos. Eso se está tratando con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos Humanos”.
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