El Gobierno de Perú anunció un apoyo económico excepcional a los heridos de gravedad por la represión contra protestas populares registradas en noviembre y diciembre de 2020.
Mediante un decreto disponen que el aporte económico se otorgará una sola vez y no tendrá relación con los resarcimientos o reparaciones que la justicia determine para los afectados, al culminar los procesos a los autores y responsables de la represión.
La norma abarca a los heridos de gravedad en las movilizaciones populares registradas entre el 10 y el 14 de noviembre, entre el primero y el 3 de diciembre y el 20 y 30 de ese mes, reseñó la agencia de noticias Prensa Latina.
El aporte económico será de 15 mil, 25 mil y 40 mil soles (cerca de tres mil 750, seis mil 250 y 10 mil dólares, respectivamente) a los heridos en las protestas, según el nivel de daño sufrido.
“Este beneficio no influye en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales del personal de la Policía”, agrega la norma firmada por el presidente Pedro Castillo, la primera ministra Mirtha Vásquez, y los titulares de Justicia Aníbal Torres y Economía Pedro Francke.
El respaldo se extiende, además, a los familiares de los muertos a manos de la Policía en el último período mencionado, que recibirán 40 mil soles (cerca de 10 mil dólares) por cada fallecido durante la huelga de trabajadores de la agroexportación, del 20 al 30 de diciembre de 2020.
El apoyo económico está destinado a 26 heridos graves en las marchas de noviembre de 2020 que obligaron a renunciar al gobierno derechista de Manuel Merino, quien asumió la presidencia tras la destitución de Martín Vizcarra.
También a dos heridos de gravedad durante las protestas de los trabajadores de la agroexportación, por mejores salarios, de diciembre del año pasado.
El decreto aclara que con anterioridad se otorgó apoyo económico a los deudos de los dos estudiantes abatidos por la policía durante la represión de las protestas de noviembre y a un manifestante caído en protestas registradas el 3 de diciembre.
Entretanto, siguen pendientes los procesos a altos jefes policiales responsables de las operaciones represivas y a los agentes responsables de los asesinatos.
En el caso de las protestas de noviembre, el Parlamento tiene en espera los antejuicios contra Merino y quienes fueron su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y su titular de Interior, Gastón Rodríguez, como autores mediatos de las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, en las protestas contra el primero.
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Tomado de Ultimas Noticias.
