El recién concluido VII Encuentro del Grupo de Puebla dejó claro el profundo compromiso de influyentes líderes políticos por implementar un modelo de desarrollo más humano para Latinoamérica.
La cita efectuada en México reunió de manera virtual y presencial a presidentes, exmandatarios, ministros, legisladores, activistas y pensadores con el objetivo de consensuar y articular ideas para hacer posible el referido modelo en la región más desigual del planeta.
A modo de resumen de lo que fueron dos jornadas de intensos debates marcados por un alto rigor académico y un profundo conocimiento de la realidad del continente, podríamos dejar en tres los puntos más importantes.
Primero, la necesidad de establecer mecanismos para la integración, reformar la dinámica de las relaciones políticas, económicas y sociales a lo interior de América Latina y con el resto del mundo bajo la máxima del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Segundo, el análisis de las estrategias de la derecha para impedir la concreción de proyectos políticos progresistas y de izquierda mediante acciones en total irrespeto a los valores democráticos, la institucionalidad de los países y la voluntad popular expresada en las urnas.
Por último la puesta en práctica de un Modelo Solidario de Desarrollo para Latinoamérica que persigue, entre otros puntos, superar la desigualdad social, una nueva política económica, la transición a modos de producción ecológicos, y una nueva institucionalidad democrática.
Persecución político-judicial, modus operandi de la derecha
El Encuentro dedicó parte importante de su agenda a abordar la persecución político-judicial (lawfare en inglés) que durante la última década sirvió a la derecha para sacar del poder y/o silenciar a gobiernos, movimientos progresistas y a sus líderes.
Ese fue el caso de los expresidentes Dilma Roussef en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay, quienes, a pesar de contar con el apoyo de las mayorías, fueron defenestrados como resultado de juicios políticos basados en falsas acusaciones.
Caso parecido fue el de los exmandatarios de Brasil Lula da Silva y de Ecuador Rafael Correa, quienes como resultado del lawfare fueron inhabilitados políticamente.
Sin embargo, esas tretas políticas no significan que la derecha renunciara al uso de la fuerza y para recordarlo están los golpes de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya en 2012 y en Bolivia contra Evo Morales en 2019.
Lo cierto es que los referidos casos de persecución político-judicial y golpes violentos dejaron el descubierto la debilidad institucional de América Latina al mostrar la subordinación de los poderes del Estado a los intereses de la derecha.
A propósito, el Grupo de Puebla emitió una declaración en la que expresó su preocupación por estas prácticas en el continente y alertó sobre cuánto influye eso en el debilitamiento del Estado de Derecho.
Una Latinoamérica más humana e inclusiva
En la declaración final de la cita se destaca lo que sus integrantes definen como un Modelo Solidario de Desarrollo para Latinoamérica, iniciativa considerada capaz de poner coto a problemas como la pobreza y que a la vez apuesta por el multilateralismo y la integración.
Seis ejes de acción proyecta el referido modelo, concretamente la superación de la desigualdad social, la búsqueda del valor, una nueva política económica, y la transición a modos de producción ecológicos.
También la integración como construcción de región y una nueva institucionalidad democrática.
La iniciativa, resultado de la articulación de ideas, experiencias y un profundo conocimiento de la realidad, también reconoce la necesidad de un enfoque de género y de establecer una hoja de ruta para el “progresismo latinoamericano y caribeño con miras al abandono definitivo del anacrónico modelo neoliberal”.
Sin embargo, ese proyecto no es ajeno a los problemas inmediatos de la región, de cuya solución depende parte importante de su implementación futura como la recuperación posterior a la pandemia de la Covid-19, proceso que pasa por el fortalecimiento del papel del Estado para estimular las economías, la creación de empleo y la inversión pública.
Esa reconstrucción económica implica además combatir la evasión fiscal y la implementación de reformas tributarias que promuevan impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza de los grandes capitales.
Lo anterior permitiría garantizar inversiones y políticas sociales para retomar el crecimiento en paralelo al combate contra las desigualdades y por la inclusión social.
El Grupo de Puebla llamó a la Organización de Naciones Unidas a incluir como tema central de su agenda la institucionalización de la salud como un “bien público y universal” y la instauración de la verdad como un derecho humano.
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