Centenares de jóvenes venezolanos que no tienen otra opción que quedarse en la frontera de Norte de Santander, Colombia, por no contar con recursos para avanzar a otra ciudad, a un tercer país o simplemente regresar a sus hogares, sigue siendo la población migrante más vulnerable de la diáspora venezolana.
Huyen de la crisis humanitaria compleja que se padece en Venezuela y terminan involucrados en filas de grupos armados y en trabajos ilícitos, que los exponen a muchos peligros.
El defensor de los derechos humanos Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, señala que “hay un inmenso subregistro de casos sobre el reclutamiento ilícito de migrantes venezolanos por parte de grupos irregulares colombianos”.
Solo unos 23 migrantes venezolanos es la cifra que podría considerarse “oficial” sobre jóvenes reclutados por grupos armados en los últimos tres años, según denuncias recibidas en el Instituto de Bienestar Familiar del hermano país. Un número que para Cañizares no se acerca a la realidad. A su juicio, ni siquiera en las instituciones estatales de Colombia existen cifras reales.
La Fundación Progresar ha podido verificar en entrevistas y trabajos realizados con la población migrante en los municipios de Tibú o del área rural de Cúcuta, y Puerto Santander, “cómo personas jóvenes, hombres o mujeres migrantes de Venezuela, están siendo reclutados por grupos armados colombianos”.
Cañizares afirma que en la ciudad de Cúcuta, bandas criminales que se dedican al microtráfico, es decir, a la venta al detal de marihuana, cocaína y otros narcóticos, donde en cada comuna se disputan las ventas, estarían inmersos venezolanos muy jóvenes.
“Estas redes están reclutando adolescentes venezolanos. Les están pagando hasta 500 mil pesos para que estén ubicados con un teléfono celular en lugares estratégicos, para alertar sobre la presencia de los cuerpos de seguridad a quienes venden las drogas”, precisa Cañizares.
El raspachín en Colombia
“El raspachín” es el nombre que recibe quien se encarga de recolectar las hojas de coca en las haciendas cocaleras de la zona de El Catatumbo en la frontera entre Colombia y Venezuela, la segunda mayor productora de cocaína en el planeta.
El presidente de la Fundación Progresar manifiesta que en las haciendas cocaleras del municipio Tibú, en la zona de El Catatumbo, hay colombianos y migrantes venezolanos que no cuentan con otras fuentes de empleo y terminan involucrados en esta peligrosa actividad.
“Los raspachines” corren riesgo en todo momento, pues las siembras de coca son controladas por los grupos armados y por integrantes de los carteles mexicanos, entre ellos el cartel de Sinaloa, “que son los grandes compradores de la pasta de hoja de coca”, indica Cañizares.
Miguel Morffe, profesor e investigador de la Universidad Católica del Táchira, explica que durante décadas este trabajo ilícito (raspachín) lo han realizado jóvenes colombianos desplazados del conflicto armado.
Sin embargo, precisa que en los últimos años han llegado venezolanos provenientes del Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia, y otras poblaciones rurales de Venezuela, que se dedicaban a trabajos similares en zonas agrícolas productoras de plátanos y otras hortalizas en su país, pero por un pago mucho menor.
A su juicio, la crisis humanitaria compleja está llevando a los jóvenes más vulnerables, que no tienen cómo avanzar a otra ciudad de Colombia, a un tercer país o simplemente no pueden regresar a sus lugares de origen, a quedarse en el corregimiento La Parada, donde terminan involucrados en actividades ilícitas para sobrevivir.
Cuando las personas llegan por primera vez a la población de La Parada, justo luego de cruzar el puente internacional Simón Bolívar, sufren un choque emocional al conseguirse con una realidad distinta a la que se imaginaron, señala Morffe.
Enfatiza que no hay oportunidades laborales, llegan a una población donde siempre ha habido condiciones de pobreza y ahora el problema se ha agudizado con la llegada de miles de venezolanos, que se ven obligados a quedarse en este espacio por falta de recursos.
El negocio de las trochas
El docente universitario adelanta una investigación con la Universidad Cardiff del Reino Unido, con el fin de establecer comparaciones entre la migración que se registra en Asia y América. Por tal razón, ha tenido contacto directo con los jóvenes que se dedican al trabajo informal en los pasos ilegales conocidos como trochas, en la frontera entre Táchira y Norte de Santander.
Como parte de sus estudios de campo, ha determinado que los chicos que llegan desde el centro del país (Aragua, Lara, Carabobo y otros estados) en condiciones muy vulnerables producto de la extrema pobreza, tienen como única opción para sobrevivir dedicarse a trabajos como “trocheros”.
Morffe asegura que desde el inicio de la migración venezolana en masa por la frontera de Táchira, se ha evidenciado la “institucionalización de las trochas” y, por tanto, las actividades que allí se realizan, pese a estar bajo el control de grupos irregulares y bandas criminales, terminan siendo consideradas como “un trabajo”. Las vidas de los jóvenes que se incorporan a estas actividades están constantemente en riesgo.
Los migrantes que llegan del centro del país, no tienen el perfil para hacer el trabajo como “raspachín”, debido a que son personas que vienen de un ambiente urbano, sin experiencia en trabajos rurales, explica el profesor universitario.
Además, destaca que “los trocheros” consultados en su investigación han expresado temor para ingresar a El Catatumbo, pues es la única zona de Colombia donde operan todos los grupos irregulares de manera simultánea.
La Policía Metropolitana de Cúcuta ha logrado la captura de varios integrantes de la banda criminal del Tren de Aragua, una peligrosa banda que migró desde el centro de Venezuela a varios países de la región. Estos sujetos también comenzaron a delinquir en las trochas, donde han captado a una buena parte de adolescentes y jóvenes venezolanos que llegan sin un rumbo definido.
Luz Dary Depablos // Corresponsalía La Patilla
