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La ocupación de un galpón en territorio indígena en el Km 86 de la troncal 10, en el municipio Sifontes al sur de Bolívar, generó un enfrentamiento y la arremetida de consejos comunales y grupos armados del Km 88 y Las Claritas contra las comunidades indígenas.
El conflicto dejó tres indígenas heridos y el cierre de la vía que comunica con Brasil, desde este jueves 13 de enero. La tranca fue realizada por las comunidades en protesta por la agresión armada. Exigen la presencia del alto mando militar para restablecer el paso.
El galpón en disputa
El galpón está en tierras de la comunidad indígena Santa Lucía de Inaway, específicamente en una zona conocida como Tierra Blanca, a dos kilómetros del Km 88 y Las Claritas. Estas localidades mineras y sus yacimientos auríferos -en la parroquia San Isidro- están controlados desde hace más de una década por un grupo armado o “sindicato”, liderado por Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como Juancho.
Fuentes del sur de Bolívar informaron que las comunidades Sororopan, Inaway, San Miguel, Araima Tepui y Hoboshirima decidieron ocupar el inmueble para realizar actividades e instalar una venta comunitaria de sus productos y cosechas. Sin embargo, el galpón está en la entrada de la vía de acceso a un yacimiento minero controlado por el grupo criminal.
El sindicato conocía de las intenciones de las comunidades indígenas de desarrollar el proyecto comunitario, pero -pese a eso- intentó ocupar el galpón el miércoles 12 de enero. “Las comunidades se movilizaron a impedir esa invasión y se enfrentaron y forcejearon”, dijo una fuente en la zona.
En fotografías a las que tuvo acceso Correo del Caroní, se observa a los miembros del sindicato con armas largas. En el enfrentamiento fue herido el capitán de Hoboshirima, Junior Francis, cuando intentaba grabar un video. Otros dos indígenas, uno de ellos de la guardia territorial indígena, fueron golpeados al tomar fotografías del hecho.
“El terreno está en zona indígena y bajo su resguardo, pero los grupos armados quieren asumir ese galpón porque está en un sitio estratégico, en la troncal y en una zona donde están colocando plantas de procesamiento aurífero (…) Si ellos dejan que los indígenas tomen el terreno, le van a evitar el acceso a la mina”, dijo un habitante de Las Claritas. “El sistema quiere apropiarse de esas tierras”, comentó otra fuente.
Este jueves la actividad comercial en Las Claritas se paralizó. “Sacaron a la gente de la mina al galpón en autobús y camiones y mandaron a cerrar los negocios”, dijo un comerciante.
Exigen desalojo y protección
En un comunicado difundido este jueves, las comunidades Sororopan, Inaway, San Miguel, Araima Tepui y Hoboshirima rechazaron la intromisión de grupos irregulares y supuestos consejos comunales en su decisión de ocupar y poner en funcionamiento el galpón abandonado desde hace más de 30 años. “Esta decisión está siendo perturbada por grupos armados que controlan ilegalmente las minas en nuestro territorio, provocando una situación tensa y violenta contra los miembros de la comunidad y las autoridades”.
En un claro llamado a las autoridades nacionales, organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exigieron garantizar la integridad física del pueblo indígena y sus autoridades y la paz en las comunidades “desmantelando los grupos de delincuencia organizada que existen en la zona”. Piden que el Estado asuma el control de las actividades mineras sin la presencia de grupos violentos.
Arremetida previa y silencio oficial
La última arremetida de los grupos irregulares y mineros ilegales contra las comunidades indígenas del sur de Bolívar, en su afán de controlar mayor territorio y minas, ocurrió a principios de 2021, cuando la comunidad indígena pemón San Luis de Morichal denunció la invasión de mineros ilegales en la zona de El Chivao, en el río Chicanán, a menos de un kilómetro de la comunidad.
La actuación del grupo armado en esta ocasión no es aislada. Una fuente del municipio Sifontes informó que en diciembre de 2021 las comunidades estaban vacías, pues los indígenas estaban trabajando la mina “para que el sindicato no tome esa zona (…) También en el Km 34, en San Antonio de Roscio, el sindicato está intentando tomar el control”.
La organización defensora de los derechos humanos, Provea, ha reiterado que luego de la masacre de Tumeremo, ocurrida en marzo de 2016, exigió a las autoridades tomar medidas efectivas para erradicar y sancionar la actuación de grupos armados involucrados en actividades extractivas o de otra índole. “Pero mientras persista la imposición de medidas que afectan los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades, la ausencia institucional y democrática del Estado, y se consoliden las estructuras criminales que disputan el territorio, estas comunidades seguirán amenazadas”.
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