Recientemente, se pudo saber que Venezuela ha multiplicado por cuatro las peticiones hechas a Movistar, empresa de la compañía española Telefónica, para intervenir números de teléfono de ciudadanos del país.
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De acuerdo con Voz Pópuli, en 2017, se produjeron un total de 234.932 solicitudes, cuatro años después, en 2021, se registraron 861.000. Así lo refleja el informe de transparencia del operador de telecomunicaciones español, publicado recientemente.
La acción sería una demostración de que el régimen madurista está incrementando el control sobre los ciudadanos de Venezuela por medio del operador, el cual estaría obligado «por ley» a cumplir con las regulaciones del país latinoamericano.
De hecho, entre las autoridades competentes para solicitar las intercepciones se encuentra el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), pero con previa solicitud del Ministerio Público (MP) y autorización del juez correspondiente.
En ese sentido, la normativa del país regula la recopilación y captación de datos personales de los solicitantes de los servicios que ofrece la empresa (telefonía móvil y fija, internet móvil y televisión satelital), a través de redes inalámbricas o número no geográfico con servicio de voz nómada.