Más poderes especiales o excepcionales para manejar la economía se atribuye Nicolás Maduro a través de un nuevo decreto de emergencia económica, que firmó este 8 de abril, para hacer frente, según justificó, a los aranceles de 15% a las importaciones venezolanas impuestos por el gobierno de los Estados Unidos.
Las nuevas medidas que involucran impuestos, producción nacional y endeudamiento, entre otras, a los ojos de economistas consultados dijeron no tener grandes expectativas sobre la efectividad del decreto porque, afirmaron, no resuelve el fondo de la crisis económica nacional que hace “vulnerable” a Venezuela para responder a “choques” internacionales.
“En 2016 se firmó un decreto de emergencia económica que atendiendo al artículo 338 de la Constitución debía durar 60 días, prorrogable por un plazo igual, pero tuvo 27 prórrogas inconstitucionales. El resultado fue hiperinflación, depresión económica, Venezuela atravesó 49 meses de hiperinflación y el problema estructural no se resolvió. A través de decretos no se corrigen desequilibrios macroeconómicos”, advirtió Jesús Casique.
“Más político que económico”
Al firmar aquel decreto de 2016, Maduro se excusó en lo que llamó “guerra económica” para sacarlo del poder. Entonces, como ahora, se advirtió que se otorgan facultades muy amplias que no solucionarán lo que ha sido producto de erradas políticas económicas. Ahora la justificación son las acciones de Estados Unidos.
«Ante las circunstancias internacionales y el impacto de la guerra comercial contra el mundo y Venezuela, apelo a las facultades constitucionales que me da el decreto para proteger a todos los sectores», dijo Maduro al estampar su firma en el decreto, este 8 de abril.
Casique enfatizó en que se debe esperar la publicación del decreto en Gaceta Oficial para evaluar el alcance de las medidas, además de la constitucionalidad que seguramente declarará el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero anticipó que serán “medidas aisladas” que no van a resolver el problema económico.
“El decreto es una decisión más política que económica. El argumento de Maduro es que servirá para enfrentar las sanciones, pero Venezuela está en caída del PIB desde 2014, antes de las sanciones que primero fueron personales y luego económicas y petroleras, el entorno económico se venía deteriorando antes”, sostuvo.
Decreto sin sustento
De acuerdo con lo expuesto por Maduro, el decreto contiene diez puntos que de manera general aluden las áreas que se verán afectadas. El punto número dos habla de “suspender con carácter general, la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales, así como los trámites administrativos relacionados, a fin de proteger el aparato productivo nacional, el abastecimiento de bienes y servicios estratégicos”.
Mientras que el número 5 se refiere a la suspensión de “la aplicación de las exenciones de los tributos nacionales y proceder a su recaudación”.
“No se requiere una emergencia económica para hacer ajustes en impuestos. Es positiva la eliminación de algunos porque baja la carga de tributos a las empresas que es muy alta para la base impositiva. Se intenta balancear mejor las cuentas, pero sobre enfocado en el área formal de la economía sin tomar en cuenta el componente informal que no está fiscalizado”, señaló el economista Giorgio Cunto.
A su juicio, el decreto de emergencia económica no tiene sustento por el impacto “limitado” de los aranceles impuestos por EEUU, debido a que la capacidad de exportación no petrolera de Venezuela es muy reducida en un entorno de baja productividad. Aseguró que el impacto de los aranceles no es mayor que las sanciones petroleras, por lo que en términos prácticos no espera mayores efectos del decreto sobre la economía del país.
Washington decidió este 9 de abril pausar los aranceles recíprocos durante 90 días para los países que no aplicaron represalias, lo cual excluye a China (con 125% de gravámenes sobre sus productos) que respondió con 84% de aranceles para los productos estadounidenses.
“Se debería eliminar, por ejemplo, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (Igtf) porque es un obstáculo al dinamismo económico. Pero esto no responde a los aranceles, el Estado, atendiendo dificultades de la economía venezolana requiere de ajustes de políticas, no un decreto de emergencia económica”, reiteró Cunto.
Aclaró que no se trata de eliminar todos los impuestos, pero que sí hay formas de simplificarlos para reducir el peso fiscal de las empresas. Una de las formas, indicó, es ampliando la base impositiva para incorporar a los actores informales de la economía para aumentar la recaudación.
Se necesita más que un decreto
El punto 6 del decreto habla de establecer mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional, para favorecer la sustitución de importaciones. El 7, de adoptar las medidas necesarias para favorecer la inversión nacional y extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo, así como las exportaciones de rubros no tradicionales, como mecanismo para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos.
Sobre la “compra obligatoria de producción nacional”, Cunto advierte que ante el fracaso en el impulso de la industria local, la medida no ha demostrado efectividad ni en Venezuela ni en la región, con la única consecuencia de que los consumidores terminan comprando menos variedad de productos a mayor precio.
“Que Venezuela se diversifique no se decreta, requiere otras condiciones naturales, financieras, logísticas, humanas, ventajas comparativas, infraestructura de servicios, que toman tiempo aun en condiciones favorables y Venezuela ni siquiera está en condiciones; es una fantasía”, afirmó.
En redes sociales, el punto 10 del decreto generó preocupación porque autoriza a dictar las normas que excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro Poder Público – al margen de la Asamblea Nacional– autoricen las operaciones de crédito público; es decir, mayor endeudamiento.
El decreto también implica, de acuerdo con otros expertos, la suspensión de garantía constitucional en materia económica, lo que se traduce en “reserva legal en materia económica» y más poder para Maduro, que viene a alimentar la opacidad y la discrecionalidad con la que quienes dirigen el gobierno manejan la política económica.
“Venezuela es bastante vulnerable a los choques externos, sus problemas son de naturaleza interna y tienen que ver con falta de seguridad jurídica, conflictividad, poca base impositiva, falta de recursos, no tenemos hiperinflación pero la inflación sigue siendo alta, con crecimiento débil. Se requieren otros pasos en política económica para ver mejoras persistentes y sostenibles que redunden en una mejor calidad de vida”, subrayó Cunto.
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